[vc_row][vc_column][social_buttons style=””][vc_column_text text_larger=”no”]¿Ha escuchado el término «biofilia»? Existe una corriente de la arquitectura que se denomina diseño biofílico, que busca reconectar al ser humano con la naturaleza. Pero el término «biofobia», acuñado por el ecologista David Orr, no es muy conocido. Se refiere a esos temores y aversiones de los niños criados exclusivamente en un ambiente urbano, para los que la naturaleza es «extraña, incómoda, sucia y amenazante», niños que cuando crecen son adultos desconectados de la naturaleza y de la vida misma. ¿Qué decisiones tomaría un adulto biofóbico, por ejemplo, trabajando en una entidad del sector ambiental o dirigiendo una ciudad?
Si la historia de la película Buscando a Nemo se hubiera desarrollado en Bogotá, D. C. y no en Sídney, Australia, no sería apta para niños, tampoco tendría un final feliz. Marlin y Dory no hubieran podido rescatar a Nemo y volver a su hogar, al contrario, ellos tres hubieran sido decomisados y sacrificados por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) para «proteger la biodiversidad y los ecosistemas colombianos». Los hubiéramos llorado, como lloramos durante la ejecución de John Coffey en Milagros Inesperados (The Green Mile) porque sabíamos que era inocente o hubiéramos apretado los dientes de rabia, como cuando vimos la miniserie Chernóbil, ante el desastre causado por presunta negligencia administrativa.
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A quien le resulte traída de los cabellos esta reflexión, debe saber que el 2 de enero de 2017 fueron decomisados por la autoridad ambiental urbana de Bogotá, en el centro comercial Atlantis, 40 animales marinos ilegalmente introducidos al país, entre los que había peces payaso y cirujano como Marlin y Dory, muy probablemente por la influencia de la película. Los especímenes llegaron vivos al Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre de la ciudad y, al parecer, al día siguiente fueron sacrificados con una sobredosis de analgésicos.
El alcalde de la época, Enrique Peñalosa, declaró que «El Distrito no tenía la capacidad para atender a los peces», contradiciendo a su secretario de Ambiente. Surge la duda sobre si los especímenes murieron por una decisión técnica de la SDA o simplemente porque no podían atenderlos.
Su secretario, Francisco Cruz, dijo a los periodistas que «No había otra salida» porque era imposible llevar a los especímenes a sus lugares de origen y estos podrían afectar a la fauna local, también que había basado su decisión en el artículo 38 de la Ley 1333 de 2009. Respecto a la posibilidad de dejar a los animales en el acuario del Atlantis, multando a su propietario, respondió: «Si nosotros no desarrollamos estas acciones, los traficantes siguen engañando a las personas».[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”8082″ img_size=”large” add_caption=”yes” alignment=”center” parallax_scroll=”no”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]Las fuentes oficiales informaron que todas las especies provenían «de las islas Fiji, China y Australia» y del «Índico-Pacífico o el Mar Rojo», aunque un biólogo marino consultado por un medio de comunicación colombiano indicó que no todas eran foráneas ni depredadoras e identificó dos del Caribe entre las decomisadas, el camarón limpiador (Lysmata amboinensis) y el pez abuela real (Gramma loreto), que tampoco fueron perdonadas ni llevadas a su lugar de origen.
Por otro lado, varios expertos, también a través de los medios de comunicación, hicieron notar que todos los especímenes podían haber sido llevados a los acuarios de Cartagena, Santa Marta o Medellín. La administración distrital nunca respondió sobre este cabo suelto ni presentó consultas previas a estos acuarios sobre la opción de que los recibieran, como correspondería a un operativo debidamente planificado donde la vida de los animales decomisados fuera importante; tampoco aclaró por qué los animales fueron sacrificados de manera tan precipitada, pues unos días hubieran bastado para encontrar un lugar adecuado para ellos y seguro para la biodiversidad y los ecosistemas colombianos.
De hecho, el ambientalista que denunció la tenencia ilegal de estas especies en el acuario del Atlantis comentó en un periódico capitalino que «en reiteradas ocasiones ofreció su ayuda al Distrito» y coordinó con el Museo del Mar de Santa Marta, lo que fue confirmado por el director de esta institución, la recepción de los animales decomisados y su transporte en un avión de la Policía Nacional. El Distrito Capital nunca explicó por qué no aceptó este ofrecimiento.
También sorprende que no haya habido investigaciones, una disciplinaria por parte de la SDA y otra de la Contraloría de Bogotá sobre la autoridad ambiental, para despejar todas las dudas del público sobre este operativo y las decisiones tomadas respecto a la vida de estos animales.
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Al entonces secretario de Ambiente le preocupaba el mensaje que podría enviar a la sociedad, en cuanto al tráfico ilegal de especies, si permitía que los peces continuaran en el acuario del centro comercial, pero, ¿qué niño, ambientalista o ciudadano cualquiera va a denunciar otro caso como este sabiendo que con ello sentencia a muerte a los animales? En conclusión, ¿qué mensaje dio el secretario a la ciudadanía?
Luego de haber leído esta historia, ¿cree usted que alguno de los servidores públicos que participaron en ella podría ser biofóbico? ¿Está de acuerdo con que los candidatos a un cargo público o a un contrato de prestación de servicios en el sector ambiental deberían aprobar un test de biofilia, como requisito para su nombramiento o contratación?
¿Cuánto protegerán la vida humana en sus próximos cargos los exitosos funcionarios mencionados, uno es hoy viceministro de Ambiente y el otro candidato a la Presidencia, si así cuidaron la de estos animales?[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Arquitecto de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Ambiente de la Universidad de los Andes, magíster en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia y en Administración – MBA de la Universidad de los Andes. Experto en Ordenamiento Territorial, Ecourbanismo y Gestión Ambiental.
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