Inocentes tuiteros. Alguien publicó en Twitter una foto provocadora y pidió: «Dime cosas malas». Una reconocida influencer aprovechó la oportunidad para hacer un chiste… o una proclama política y le contestó: «Enrique Peñalosa». Un hombre se sumó al diálogo, escribió: «Eso ya es una obsesión patológica, ¿odio o enamoramiento? Le recomiendo consulte a un psiquiatra». Algunos le dieron «Me gusta» al último comentario y otros se mostraron indignados por su contenido. Finalmente, quien se atrevió a hacer el falso diagnóstico psicológico borró su trino.
Hay algo llamativo en esta escena, el autor del último mensaje transcrito fue Luis Gonzalo Morales, quien se identificaba en la red social en ese momento como «Secretario de Salud de Bogotá. Médico […]», además con una foto de su rostro, auténtica.
Durante esa administración, si cualquiera en la red social del pajarito escribía un comentario negativo sobre el burgomaestre, no era extraño que el mismísimo secretario de Salud le contestara, con una defensa vehemente de su superior. Ocasionalmente algunos de los abundantes trinos de Morales podían ser considerados insultantes por muchos bogotanos, especialmente por aquellos que no eran sus partidarios políticos, pero nunca pasaba nada, demostrando entre otras cosas que el Concejo de Bogotá de entonces tenía baja capacidad de control político y que la Personería de la capital poco hacía por vigilar «la conducta de los servidores públicos».
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Este no fue el único tuit de Morales durante 2019, año electoral regional, con términos desobligantes dirigido específicamente a esta mujer, reconocida ambientalista y candidata a concejala de Bogotá. ¿El secretario le recomendaría en público un psiquiatra a un hombre que no es su paciente, por expresar sus preferencias políticas?, ¿fue micromachismo? ¿El tuit citado podría ser un acto de acoso en razón de la ideología política o el sexo de la destinataria?
Por otro lado, su crítica permanente en la red social al alcalde y a la administración precedentes, presentándose como secretario de Salud de Bogotá, ¿no es una forma de «utilizar el cargo para participar en […] las controversias políticas», prohibida por la ley?
¿Es posible que hayamos presenciado presuntas faltas disciplinarias gravísimas según la Ley 1952 de 2019, sin que ninguna autoridad competente se pronunciara? ¿Nadie vio las publicaciones de la cuenta personal de un funcionario público con «12.3K» de seguidores en esa época, que hasta los medios replicaban? Si no hubo pecado, ¿por qué borró el trino?
¿Qué piensan los médicos del país sobre el tuit mencionado?, ¿acaso este comportamiento los representa o es acorde con su ética? ¿Qué opinan los gerentes privados y públicos? El secretario de Salud de Bogotá administra una cartera de billones de pesos. ¿Les generaba confianza que dedicara tanto tiempo a fungir de community manager?
¿Y los ciudadanos y contribuyentes en general?, ¿este es el decoro que esperaban de uno de los más encumbrados funcionarios públicos de la ciudad? ¿Vieron El dilema de las redes sociales? ¿Será que un adicto digital dirigía la salud de Bogotá?
Pero este comportamiento no era reprobado por la Alcaldía, por el contrario, era propiciado. En la Jornada de Reconocimiento al Servidor Público que se realizó el miércoles 15 de mayo de 2019 en el Movistar Arena, con la presencia del alcalde mayor y ante miles de servidores públicos distritales se celebró al «Escudero en Redes Sociales», así llamaron al susodicho secretario los maestros de ceremonia del evento, entre vítores de buena parte de los asistentes.
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No era el único secretario tuitero de esa administración, compuesta por algunos verdaderos influenciadores. ¿Manejaban sus cuentas personales desde sus teléfonos oficiales, cuyos planes de datos y aparatos se pagaban con dineros públicos, o lo hacía su personal de Comunicaciones? ¿Esto ocurría durante su horario laboral?
¿Quién los autorizó a tratar asuntos públicos a su cargo, desde cuentas privadas, existiendo también las institucionales?, ¿no es eso una duplicación de esfuerzos y un desperdicio de recursos públicos? ¿Respondieron oportunamente las solicitudes que la comunidad les remitió a través de esas cuentas?, ¿quedó evidencia de ello? ¿Bloquearon a algún ciudadano?, si así fue, ¿no es eso equiparable a negarle el acceso a la información de la institución que representaban?
¿Los recursos públicos a su disposición (su jornada laboral; oficinas y piezas de comunicaciones; logística de eventos y transporte; soporte tecnológico, etc.) fueron utilizados para enriquecer las publicaciones de las cuentas en cuestión? Las llamadas «bodegas de redes sociales» que los apoyaban o algunos de sus seguidores, ¿se pagaron directa o indirectamente con el erario público?
¿Aumentaron los seguidores y visualizaciones en sus cuentas particulares durante el ejercicio de sus cargos oficiales? ¿Esa visibilidad es justa con su competencia política o profesional? Los pequeños emprendedores pueden decirnos cuánto vale un like o un follower. ¿Tratar asuntos de gobierno desde sus cuentas personales de Twitter, durante su periodo como funcionarios públicos, no fue una forma de aumentar sus patrimonios individuales?
¿No hay por todo el país, y en los diferentes niveles del gobierno, gerentes públicos trinando sobre su gestión desde sus cuentas privadas? ¿Qué opinan de esto Contralorías, Personerías y la Procuraduría General de la Nación? ¿Están los entes de control a la altura de los retos de la Sociedad de las Comunicaciones y la Información? Señores legisladores, ¿no merece este tema ser regulado?
Arquitecto de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Ambiente de la Universidad de los Andes, magíster en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia y en Administración – MBA de la Universidad de los Andes. Experto en Ordenamiento Territorial, Ecourbanismo y Gestión Ambiental.
