[vc_row][vc_column][social_buttons style=””][vc_column_text text_larger=”no”]El Acuerdo de Escazú conocido como el acuerdo que protege la vida de líderes ambientales, representa una oportunidad para reafirmar derechos consagrados en la Constitución Política Nacional que tienen un valor ambiental. Este tratado internacional firmado por 22 países de América Latina y el Caribe, tiene una vital importancia en nuestro país.
Los expertos consultados por diferentes medios de comunicación y ONGs consideran que el Acuerdo tiene tres objetivos importantes. El primero es que cualquier persona tenga acceso a la información ambiental, sin necesidad de trasladarse a las oficinas del Ministerio de Ambiente en Bogotá o de interponer derechos de petición o acciones de tutelas para garantizar que la información llegué de manera veraz y en un lenguaje claro para su fácil entendimiento.
En segundo lugar, busca dejar claras las reglas de la participación ciudadana en los proyectos que tengan algún impacto ambiental. En Colombia el único requisito para entregar una licencia ambiental son unas reuniones de socialización que no son muy claras sobre cómo deben realizarse, a su vez si el proyecto dura 30 años la comunidad no cuenta con un solo mecanismo de participación.
El tercer objetivo es fortalecer las capacidades de los jueces y magistrados para que en tema ambientales se tomen decisiones acertadas y coherentes con los determinantes de biodiversidad, ecosistémicos y demás. Hoy en día a un juez de familia le puede llegar un caso sobre los derechos de la naturaleza y al no se experto en el tema se toman decisiones o se falla de manera incorrecta, por lo cual desde la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio +20) en 2012, se insta a crear un nuevo pilar en la democracia ambiental y al proteger los defensores ambientales.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6015″ img_size=”large” add_caption=”yes” alignment=”center” parallax_scroll=”no”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]Este último punto es vital para nuestro país. Colombia se ha convertido en el país más peligroso para activistas y líderes sociales ambientales. Este deshonroso puesto fue publicado por la ONG británica Global Witness, donde Colombia en el 2019 aparecía en primer lugar con 64 muertes de defensores del medioambiente. En 2020, según Indepaz, se perpetuaron 91 masacres en Colombia, dejando un saldo de 381 víctimas entre los que aparecen líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos.
El acceso a la justicia en materia ambiental garantiza la protección de todos los recursos naturales y su biodiversidad, la deficiencia o la no existencia de determinaciones judiciales para resolver o investigar la procedencia o el asesinato de las personas que han entregado su vida por cuidar lo que es de todos, debe ser una obligación del Estado para garantizar los intereses colectivos ambientales.
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Es pertinente seguir insistiendo en los tribunales ambientales para realizar un diálogo y plantear una postura si con la ratificación por parte de Colombia se tendrían que construir estándares jurídicos que deberían implementarse en cada uno de los ordenamientos internos del Estado de manera progresiva y de acuerdo con su capacidad, con el fin que se asegure un acceso a la justicia efectiva.
Frente a la emergencia climática y la crisis ambiental global, se hace vital salvaguardar de forma conjunta el ambiente, accediendo a los datos que maneja el gobierno con la idea de generar una gran concertación aportes de académicos, sociales y culturales, donde se concrete un mayor compromiso inclusive mayor que el Acuerdo de París para la protección de los asuntos ambientales por medio de la participación ciudadana para decidir sobre el territorio exigiendo de esta forma sus derechos ambientales ante actividades como la extracción minera o petrolera, evitando así o resolviendo los conflictos ambientales que vienen dejando una cifra de muertos importante, que según el Atlas de Justicia Ambiental, Colombia se ubica en el quinto lugar de los países que registran el mayor número de estos conflictos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6012″ img_size=”large” add_caption=”yes” alignment=”center” parallax_scroll=”no”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]Aunque a algunos sectores productivos les ha incomodado el tema y han exigido que no se ratifique el acuerdo aludiendo a que se perdería la soberanía colombiana, expertos como el ex ministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra, aseguran que, aunque existe una norma de participación ciudadana, ésta, en la mayoría de los casos según la evidencia, no funcionan o no cumplen su cometido. Igualmente, Vanessa Torres subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad, asegura que el país no tiene suficiente normativa para para garantizar la protección de los líderes sociales y ambientales.
El Estado colombiano debe analizar cada uno de los aspectos, pero ante todo darle prioridad a resolver los asesinatos que líderes sociales, no podemos seguir entre la impunidad, se debe anteponer sobre todo, la justicia y la seguridad de aquellos que con su vida se han dedicado a la protección de los derechos humanos, la naturaleza y el bien común.
Urge un verdadero compromiso con el medio ambiente asegurando salvaguardar la riqueza biológica y patrimonial de nuestro territorio, merece tener datos abiertos, participación igualitaria y equitativa para decidir sobre el territorio, se necesita desesperadamente, ratificar el Acuerdo de Escazú.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Ambientalista por pasión, Ingeniera Química de profesión, Magister en Gestión Ambiental, especialista en gerencia del medio ambiente y prevención de desastres y especialista en gestión ambiental
