El tráfico de fauna silvestre es una de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad en nuestro país. Anualmente miles de animales son extraídos de su hábitat para comercializarlos como mascotas, alimento o accesorios. Esta problemática no solo ha disminuido a las poblaciones silvestres de muchas especies, también a los ecosistemas y los servicios ambientales que nos proveen y que son la base de nuestra civilización. Por tal motivo, a nivel nacional e internacional se han creado políticas públicas para catalogar al tráfico de fauna como un delito, pero hablemos de las liberaciones masivas de fauna silvestre en Colombia.
Ante este panorama, todos los días las autoridades ambientales y de control realizan operativos que permiten la aprehensión de ejemplares de diferentes especies y la captura de traficantes que atentan contra la biodiversidad. Una vez decomisados, los individuos ingresan a hogares de paso o Centros de Atención y Valoración – CAV, en su mayoría a cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales – CAR’s, quienes son las encargadas de darle una disposición adecuada, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la resolución 2064 de 2010, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.
Según esta resolución, las autoridades ambientales pueden darle una disposición final a los animales incautados, de acuerdo a las condiciones de salud, físicas y comportamentales. Dentro de las opciones está la liberación al medio silvestre, la entrega en custodia a tenedores legales, la remisión a un zoológico y la eutanasia.
Esta estructura ha permitido que miles de animales hayan vuelto a la naturaleza en las últimas décadas, teniendo una segunda oportunidad de vida. Este protocolo de manejo de la fauna también ha abierto un espacio laboral para profesionales de biología, veterinaria, zootecnia y afines en el país, los cuales se dedican a brindarle las mejores condiciones de vida a aquellos ejemplares que han sido víctimas del tráfico ilegal.
Para aumentar el impacto de sus acciones, una de las estrategias que han implementado las CAR en nuestro país en los últimos años son las liberaciones masivas de fauna silvestre. Durante esta actividad, se selecciona un área protegida (pública o privada), donde se liberan decenas o cientos de animales de varias especies al mismo tiempo. El objetivo de estos eventos es acercar a las comunidades locales a la fauna silvestre, generar conciencia sobre este flagelo y dar una segunda oportunidad a muchos individuos que salieron del ecosistema, en su mayoría, siendo aún neonatos.
No obstante, lo que en principio consideraríamos como un evento benéfico para la biodiversidad y las comunidades, si no se maneja de forma adecuada podría estar convirtiéndose en una amenaza adicional para las poblaciones silvestres. A continuación, intentaré explicar brevemente los factores por los cuales algunos procesos de liberación podrían estar poniendo en peligro a los animales que aún sobreviven en la naturaleza.
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Uno de los cuellos de botella de las liberaciones de fauna en nuestro país es el desconocimiento del origen de los individuos traficados. Los decomisos de animales suelen llevarse a cabo en los grandes centros urbanos, donde no es posible establecer una trazabilidad del lugar de procedencia de los ejemplares. En algunos casos, las autoridades ambientales regionales hacen evaluaciones genéticas para determinar el origen geográfico de los individuos con ayuda de laboratorios de Universidades o de la Policía Nacional. No obstante, la inmensa mayoría de los animales que se liberan en el país no tienen un origen establecido, lo cual podría estar causando impactos negativos sobre las poblaciones receptoras.
La Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza – UICN, en sus directrices para las reintroducciones y otras translocaciones para fines de conservación, publicadas en 2014, manifiesta que en aquellos refuerzos poblacionales (cuando se liberan animales en un lugar de liberación donde ya hay una población establecida) donde no se evalúa el origen de los animales, se corre el riesgo de un intercambio genético entre las poblaciones residentes con individuos liberados provenientes de otras zonas geográficas distintas.
Esto puede causar potencialmente una reducción en el éxito reproductivo en la población residente, dado que en las futuras generaciones se podrían incluir genes de unos individuos menos adaptados a las condiciones del lugar. Otro de los efectos no deseados de las liberaciones puede ser la hibridación interespecífica, es decir, donde se cruzan dos especies cercanas pero distintas. En estas situaciones, la hibridación puede amenazar potencialmente la integridad/diferenciación genética de la especie residente, y en casos extremos puede darse la extinción local por esta causa.
También es necesario que las autoridades ambientales hagan una evaluación completa de la distribución geográfica actual e histórica de las especies a liberar. Esto no solo se debe hacer consultando en un mapa. Estos mapas de distribución de las especies a escala nacional pueden ser aproximados o desactualizados.
En contraprestación, cada vez se genera información de mejor calidad, que permite hacer inferencias más exactas sobre la distribución, como el caso de los atlas que elabora el Instituto Alexander von Humboldt. Esta situación se acentúa en la Orinoquía, donde las especies parecen tener patrones discontinuos de distribución. Por eso es importante no solo consultar los libros, sino tener datos históricos e información comunitaria que valide la presencia o no de una especie en un territorio.
La capacidad de carga se puede definir como el tamaño máximo de población que puede soportar un ecosistema o un área durante un periodo de tiempo. Este valor se puede calcular a través de estimativos de requerimientos de recursos y hábitat para cada especie. Para explicar este concepto, podemos usar un ejemplo. En un área A se ha calculado que el ecosistema puede soportar una población de máximo 100 loros reales (Amazona ochrocephala).
Normalmente, en áreas protegidas las especies tienden a tener un valor poblacional cercano al límite de capacidad de carga, por lo cual en este ejemplo asumiremos que en el área A viven 98 loros. Una liberación masiva que no tenga en cuenta esta variable podría estar agregando 50 loros adicionales a la población existente, aumentando la competencia por recursos, generando agresiones, desplazamiento a otras áreas donde son vulnerables e incluso la muerte de varios individuos.
En Colombia son muy pocos los casos donde se considera esta variable a la hora de llevar a cabo procesos de liberación, y algunas veces parecería asumirse que los ecosistemas tienen recursos ilimitados para mantener a infinidad de individuos.
En los últimos años, los profesionales colombianos que trabajan en centros de manejo y rehabilitación de fauna han hecho un esfuerzo considerable para capacitarse y actualizarse en metodologías que permitan mantener animales sanos bajo su cuidado, y devolver animales a la naturaleza en condiciones óptimas. No obstante, no siempre las condiciones en los centros de rehabilitación permiten procesos adecuados y completos. Los altos volúmenes de tráfico, el espacio reducido y el presupuesto limitado o escaso de la mayoría de estos lugares hace que no se lleven a cabo estudios para determinar y monitorear el estado de salud de los animales que se van a liberar y de las poblaciones receptoras. Volvamos a las consideraciones de la UICN.
En este documento mencionan que la evaluación del riesgo debe enfocarse a los patógenos conocidos que pudieran tener un impacto indeseado sobre otros organismos en el sitio de destino. Y que, dentro de estos, son particularmente de alto riesgo los patógenos generalistas sin una historia conocida en dicho sitio de destino.
El problema en nuestro país es que muy pocas corporaciones están desarrollando trabajos para determinar los patógenos presentes en las poblaciones naturales. Y esos microrganismos potencialmente peligrosos para las poblaciones nativas no se han podido determinar en su mayoría. Es importante resaltar que este es un trabajo de largo aliento, y que implica la inversión de recursos considerables, pero insisto en que es el camino a seguir si no queremos que las liberaciones se sumen como una amenaza adicional.
También en algunos casos se ha evidenciado que algunas corporaciones hacen liberaciones de animales improntados, es decir, que presentan comportamientos humanizados. Dentro de estos podemos encontrar loros que “hablan” o no identifican su alimento en la naturaleza, o primates que presentan aberraciones comportamentales. Sumado a esto, las liberaciones masivas, donde no hay un proceso conocido como “liberación blanda” que busca que los animales se adapten de una manera controlada a las condiciones de su lugar de liberación definitiva, implican que muchos animales no cuenten con las capacidades definitivas de supervivencia.
Por ejemplo, algunas aves son entrenadas en jaulas de vuelo en centros de paso, sin embargo, estas no brindan las condiciones para realizar vuelos largos, como muchas veces son requeridos en la vida silvestre. Por esto, es común encontrar en la naturaleza animales deshidratados, famélicos e incluso muertos, días después de estos procedimientos.
Otra de las consideraciones importantes en estos procesos debe ser la vinculación de la gente local. Usemos otro ejemplo para ilustrar este problema, incluyendo varias de las variables presentadas anteriormente. En la reserva A, que cuenta con 500 hectáreas, se libera un tigrillo (Leopardus pardalis). Al no haber un estudio de capacidad de carga, se asume que el animal permanecerá en esta área.
Sin embargo, la competencia por recursos con otros tigrillos que ya tienen su área de vida establecida en la reserva hace que el animal se desplace, llegando hasta otros predios. Un animal con un proceso de rehabilitación deficiente buscará contacto con el ser humano, porque lo asocia con alimento. Sin un proceso de socialización y sensibilización de los habitantes del área, es muy probable que el animal sea visto como una amenaza y termine muriendo días después de ser liberado. Es por esto que estos procesos de liberación deben ser integrales, reduciendo así la vulnerabilidad de los animales devueltos a la naturaleza.
Si analizamos bien, la mayoría de los problemas asociados a las liberaciones masivas se deben a la falta de información y monitoreo de los ecosistemas donde se realizan estos procedimientos y de los animales que son devueltos al medio. En Colombia no existen datos concretos sobre capacidad de carga de los sitios de liberación, no se conoce cómo están cambiando los ecosistemas a partir de estos procesos, no se sabe a ciencia cierta si impactan negativa o positivamente a las poblaciones naturales, y sí que menos sabemos si en verdad estas acciones están reforzando los procesos de conservación en las áreas protegidas. Es por esto que todas las corporaciones deberían contar con indicadores concretos de monitoreo de los ecosistemas y poblaciones (incluyendo salud), para así poder tomar decisiones concretas de manejo.
Para finalizar, es preciso resaltar que la conservación de las poblaciones silvestres debe ser la prioridad para todas las autoridades ambientales. A partir de la conservación de estas especies y sus interacciones se soportan los ecosistemas y los servicios de los que los seres humanos dependen, como el agua, la madera, el clima, entre muchos otros. Es por esto que la liberación de animales en condiciones inadecuadas no puede convertirse en otro problema de conservación para estas poblaciones, que ya de por si soportan el tráfico, la transformación del hábitat, la cacería y atropellamientos, entre otras amenazas.
Es importante que las autoridades ambientales y los tomadores de decisiones no basen sus decisiones solamente en la presión para abrir espacio a nuevos ejemplares ante las condiciones de hacinamiento, o la reducción de costos de alimentación de animales en cautiverio. Concuerdo en que todos los ejemplares merecen una segunda oportunidad, pero es sano también asumir que no todos los animales tienen que o pueden volver a la naturaleza sin importar sus condiciones. Ante esto, los colombianos, sin importar su corriente filosófica o política debemos ser conscientes de que deben ser las poblaciones naturales las primeras en ser valoradas y cuidadas. Y en este sentido, las liberaciones masivas de fauna silvestre en Colombia parecerían no estar cumpliendo este propósito.
Yo soy Médico Veterinario zootecnista, Magister en ciencias veterinarias del trópico. Soy director científico de la Fundación Cunaguaro y coordino el Proyecto de conservación de hormigueros de Colombia, que es de Cunaguaro también.
