Fue apenas en 1988 cuando el mundo conoció de la existencia de los Nukak Makú, la última etnia indígena nómada contactada en el país. Una gripa acabó con cerca del 40% de su población en apenas cinco años de contacto con lo que algunos llaman “la civilización”. Esa misma civilización de los no-indígenas que llenó sus 980 mil hectáreas de resguardo con minas antipersonales, cultivos de coca y palma africana, esa misma civilización que los ha sometido a la colonización rampante y al fuego cruzado durante décadas, entre paramilitares, guerrilla y fuerzas del estado colombiano. Los Nukak condenados a la extinción.
Presiones sociales que obligan a abandonar su estilo de vida
Sus mujeres han sido víctimas de abuso sexual y han sido prostituidas, enfermedades como la malaria y el paludismo han hecho estragos en su población. También han sido condenados a dejar su estilo de vida nómada para estar confinados en pequeñas áreas que no les permiten abastecerse de alimentos, por tanto sus niños padecen desnutrición y sus jóvenes han sido obligados a trabajar como ‘raspachines’ en los cultivos de coca e inducidos a la drogadicción y el delito.
No sólo los cultivos coca, o los de palma que Fedepalma no reconoce, son los problemas de esta población indígena, también los incendios forestales que de manera muy efectiva y veloz abren camino para las carreteras y la potrerización de la amazonía.
Hordas de nuevos colonos acaparadores de tierras, quienes cobran más de un millón de pesos por hectárea de selva devastada se llenan los bolsillos a costa del estilo de vida de la tribu más recientemente contactada de la amazonía, pues la selva no se incendia por pocas hectáreas, son más de 300 mil hectáreas las que han sido devastadas, según cifras de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo que lidera Rodrigo Botero y que inducen a pensar que los Nukak están condenados a la extinción.
Nukak en extinción
“Llevamos más de tres décadas en este proceso, entonces no se trata de la acción de un gobierno de turno, se trata de la actuación en general de la sociedad colombiana con diferentes gobiernos y diferentes formas de intervención, no es el problema exclusivo de un sector ambiental que tiene la dificilísima tarea de atacar un síntoma pero no es la causa, como el caso de la deforestación, es por el contrario, la acción colectiva del estado eso también denota por qué Colombia es un país en conflicto, porque no hay coordinación interagencial”, afirma Botero García.
El director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCDS, afirma que estamos en un país en el que “también hay un problema cultural enorme, hay una xenofobia brutal, cada vez más exacerbada a nivel local, el desprecio por lo indígena es muy fuerte, las comunidades colonas, campesinas, los centros, mal llamados, urbanos de estos departamentos son cada vez más enclaves de migrantes que entran desconociendo las culturas locales y eso se expresa en esa forma de relacionamiento con el territorio Nukak y con los mismos miembros de esa comunidad indígena”.
Ni ‘pluriétnica’, ni ‘multicultural
Lamentablemente esa xenofobia y la falta de entendimiento por esa Colombia Pluriétnica y Milticultural de la que habla la Constitución Política, se expresa en abusos sexuales que sufren las mujeres Nukak, la depredación territorial, el desplazamiento forzado, pero sobre todo la transformación cultural que están sufriendo las nuevas generaciones conducidos hacia los caminos de la delincuencia y la drogadicción con imposibilidades de generar retornos seguros y todo esto acompañado de la incapacidad institucional para propiciar las garantías del cumplimiento de los derechos de esta población indígena tienen a los Nukak condenados a la extinción.
El resguardo Nukak, establecido por el estado como refugio para que la comunidad indígena seminómada pueda llevar a cabo sus actividades tradicionales, se amplió en 1996. A pesar de que han pasado 25 años desde esa decisión, no se ha logrado completar un proceso de demarcación y reconocimiento de los derechos adquiridos en tres veredas que se encontraban dentro del resguardo Nukak.
El Pueblo
El resguardo Nukak, designado por el estado para permitir que la comunidad indígena seminómada realice sus actividades tradicionales, se amplió en 1996. A pesar de que han transcurrido 25 años desde esa determinación, no se han completado las labores de demarcación y reconocimiento de los derechos adquiridos en tres veredas que estaban ubicadas dentro del resguardo Nukak.
Esa ha sido la incubación de un conflicto, ya no de tres veredas, hoy ya es de cinco veredas, ya no de un pequeño grupo de colonos campesinos, ahora es un conflicto que se tiene con grandes fincas, de grandes inversiones, carreteras, tendidos eléctricos, puestos de salud, escuelas, es decir, acá se configura un aspecto que se llama ‘confianza legítima’, es cuando el estado ha hecho una intervención que garantiza las expectativas de aquellos que están allí, entonces esas personas van a decir ‘perdón, pero si durante todas estas décadas, el estado me ha construido una carretera, una escuela, un puesto de salud, tendidos de electricidad, lo que me está diciendo es que tengo derechos sobre esta área’, entonces el tema es muy complejo”, afirma Botero García.
Sin derechos legales sobre la tierra
La inconsistencia y falta de claridad del Estado afectan no solo a los Nukak, condenados a la extinción, sino también a los campesinos que recibieron derechos otorgados por el Estado a través de la construcción de infraestructura. El director de la FCDS afirma que la Agencia Nacional de Tierras ha indicado que los campesinos alegan poseer títulos de propiedad, pero en muchas ocasiones, en realidad cuentan con acuerdos de carta-ventas notariados que no tienen validez como derechos legales. Estos acuerdos representan una transacción informal basada en la buena fe pero que carece de legalidad sobre un territorio que no les pertenece. En resumen, tanto los indígenas como los campesinos y otros colombianos han perdido sus derechos”.
Pero la transferencia de propiedades ha agravado la situación. La mayoría de los campesinos originales ya no están; han vendido, sin que se sepa si fue por voluntad propia en todos los casos. Los propietarios actuales han expandido considerablemente la extensión de las tierras, algunos casos muestran un crecimiento de hasta dos mil por ciento. Un ejemplo ilustrativo es una finca que, hace 20 años, tenía 150 hectáreas y ahora cuenta con más de tres mil, según señala Rodrigo Botero.
El derecho legal sobre la tierra
La Agencia Nacional de Tierras ha afirmado que los campesinos alegan tener títulos de propiedad, aunque en muchas ocasiones poseen acuerdos de carta-ventas notariados que no confieren derechos legales. Esto implica el registro de transacciones informales y de buena fe en un territorio que no les pertenece. Es decir, a los indígenas los tumbaron, a los campesinos los tumbaron y a los demás colombianos nos tumbaron.
A este crecimiento descontrolado y delincuencial se añade la ganadería. Actualmente, en Colombia no hay legislación que revele quién tiene una cantidad específica de animales en un resguardo invadido ni por qué. Y a pesar de todas las afectaciones y consecuencias ampliamente conocidas, tampoco parece haber una coordinación entre las diferentes entidades del estado para conocer los nombres de los propietarios de aquellos predios que ‘le corren la cerca a la biodiversidad’ y por supuesto, tampoco se adelantan procesos legales en su contra.
Inoperancia y abandono estatal
A pesar de que falta que el gran aparato estatal se coordine para ejercer soberanía sobre un territorio despreciado desde la sociedad en general y que la población Nukak es igual de despreciada por sus compatriotas colombianos, a pesar de las inmensas presiones por parte de grupos e individuos que desde la ilegalidad ejercen autoridad ante la ausencia de políticas integrales manadas desde el gobierno central, la autoridad ambiental regional ha abierto 12 procesos de investigación en contra de deforestadores y transgresores de la ley.
Las autoridades no saben a dónde llegarán con estos procesos investigativos, si estos procesos se transformarán en sanciones ambientales, cuyas consecuencias, en muchos casos, obligan a los infractores a pagar multas pecuniarias que aceptan con agrado, ya que son mucho menores que las ganancias obtenidas por el delito ambiental. En otras palabras, a menudo es más rentable financiera y legalmente delinquir y pagar las multas en Colombia que cumplir con la ley.
“La visión de aquellos que hemos sido llamados los ‘Talibanes Verdes’, es intergeneracional, es integradora e incluyente, por eso podemos partir de hablar de los Nukak, pero ahora vamos entendiendo que proteger este territorio es un beneficio colectivo, tiene varios elementos que cambian paradigmas sobre los cuales se basa la conversación, no se trata de un gobierno de turno, ni de un partido político, ni de un grupo armado, ni de una economía en específico, no, es de todo, es por eso que esta situación debe servir como un llamado a todos los actores en Colombia reflexionemos sobre todo lo que nos estamos jugando”, concluye Botero García. Es profundamente dolorosa la realidad, Los Nukak condenados a la extinción.
Periodista ambiental y de conservación colombiano, actualmente residente en Canadá.
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